Una Audiencia de Fianza de Inmigración es un procedimiento judicial de emergencia y alta tensión que se lleva a cabo frente a un juez de inmigración cuando un ciudadano extranjero ha sido detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El objetivo único de esta audiencia no es decidir si la persona será deportada o si ganará su caso final, sino determinar exclusivamente si el detenido puede ser liberado del centro de detención y regresar con su familia mientras su proceso de deportación, que a menudo dura años, continúa su curso en las cortes.
En esta audiencia, la carga de la prueba recae enteramente sobre el inmigrante detenido. Para que el juez autorice la fianza, el extranjero debe demostrar contundentemente dos factores legales principales: primero, que no representa un «peligro para la comunidad» o un riesgo para la seguridad nacional (lo cual se evalúa escudriñando su historial criminal, historial de manejo y arrestos previos); y segundo, que no existe un «riesgo de fuga» (flight risk), es decir, que la persona tiene suficientes lazos económicos, familiares y comunitarios en los Estados Unidos que garantizan que se presentará obedientemente a todas sus futuras audiencias en la corte de inmigración.
Si el juez falla a favor del detenido, establecerá un monto económico como garantía. La ley federal exige que la fianza mínima sea de $1,500 dólares, pero en la práctica, los jueces suelen imponer montos que oscilan entre los $5,000 y $15,000 dólares, dependiendo de la gravedad del caso y del historial del individuo. Este dinero debe ser pagado íntegramente por un «obligacionista» (sponsor), quien obligatoriamente debe tener un estatus legal en los EE. UU. (ciudadano o residente permanente). Si el inmigrante cumple con todas sus citas y finaliza su proceso legal (ya sea ganando su caso o siendo deportado formalmente), el dinero de la fianza es devuelto al obligacionista.
El entorno de los centros de detención es sumamente hostil para preparar una defensa legal, lo que hace que la contratación de un abogado de inmigración sea urgente. A diferencia del sistema penal estadounidense, un inmigrante detenido no tiene derecho a un abogado de oficio gratuito proporcionado por el Estado. El abogado privado se encarga de contactar inmediatamente a la familia, recopilar cartas de apoyo de empleadores, líderes religiosos y familiares, estructurar un paquete de evidencias sólido sobre el buen carácter moral del detenido y litigar fuertemente contra los fiscales de ICE, quienes frecuentemente argumentan en contra de la liberación de la persona.
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