La deportación, conocida legalmente en la actualidad como «procedimiento de remoción», es el proceso formal mediante el cual el gobierno de los Estados Unidos ordena la expulsión de un ciudadano extranjero del territorio nacional. Este proceso se inicia generalmente cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o la Patrulla Fronteriza determinan que un individuo ha violado las leyes migratorias. Las causas más comunes incluyen haber ingresado al país sin inspección (cruzando la frontera de manera irregular), quedarse en los Estados Unidos después del vencimiento de una visa temporal, o haber cometido ciertos delitos penales que convierten a la persona en «deportable», incluso si posee una Tarjeta Verde (residencia permanente).
El procedimiento comienza formalmente con la emisión de un documento llamado Notificación de Comparecencia (Notice to Appear o NTA, por sus siglas en inglés). Este documento detalla las acusaciones del gobierno contra el extranjero y le ordena presentarse ante un juez en una corte de inmigración. El proceso judicial suele dividirse en varias audiencias, comenzando con la «Audiencia Preliminar» (Master Calendar Hearing), donde se programan las fechas y se declaran las intenciones legales, y culminando en la «Audiencia Individual», que funciona como un juicio donde se presentan testigos, pruebas y argumentos legales antes de que el juez emita un fallo definitivo.
Afortunadamente, estar en proceso de deportación no significa una salida inminente y automática del país; existen varias defensas legales disponibles. Dependiendo de las circunstancias individuales, el historial criminal, el tiempo de permanencia en el país y los lazos familiares, una persona podría solicitar alivios migratorios. Estas defensas incluyen el asilo político, la cancelación de remoción (disponible para ciertos residentes y no residentes con lazos familiares fuertes), el ajuste de estatus si un familiar lo pide, o la salida voluntaria, que evita las severas penalidades de una orden de deportación formal.
Es en este escenario crítico donde la intervención de un abogado de inmigración marca la diferencia entre permanecer en los Estados Unidos o ser expulsado. A diferencia de las cortes penales, en las cortes de inmigración el gobierno no proporciona un abogado de oficio gratuito si la persona no puede pagarlo. El extranjero debe defenderse contra fiscales del gobierno altamente capacitados. Un abogado especializado evaluará meticulosamente el caso, identificará la mejor defensa disponible, compilará los paquetes de evidencia (como registros de buen carácter moral y pruebas de dificultad familiar) y representará al cliente ante el juez, garantizando que se respeten todos sus derechos constitucionales.
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