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La Cancelación de Remoción es una de las defensas legales más poderosas y complejas disponibles en las cortes de inmigración de los Estados Unidos. Es una forma de «alivio migratorio» diseñada exclusivamente para personas indocumentadas (no residentes legales) que ya se encuentran en medio de un proceso de deportación frente a un juez de inmigración. Si el solicitante logra ganar este difícil caso en la corte, el juez no solo cancela la orden de expulsión, sino que le otorga al individuo la Residencia Permanente Legal (Green Card), permitiéndole permanecer en el país de forma definitiva.

Las leyes migratorias imponen requisitos extraordinariamente altos para calificar para este beneficio. El solicitante debe probar que ha mantenido presencia física continua en los Estados Unidos durante al menos diez años antes de que se le emitiera la Notificación de Comparecencia (el documento que inicia la deportación). Además, debe demostrar que ha tenido un «buen carácter moral» durante esa década, lo cual implica no haber cometido fraudes, no tener condenas por delitos descalificadores (como violencia doméstica, tráfico de drogas o delitos de vileza moral) y haber cumplido con el pago de sus impuestos federales.

El obstáculo más grande y difícil de superar en este proceso es el requisito de «Dificultad Excepcional y Extremadamente Inusual». El solicitante no puede ganar el caso argumentando que él mismo sufrirá si es deportado; la ley exige demostrar que su deportación causaría un sufrimiento excepcionalmente severo a un «familiar calificado», que debe ser su cónyuge, padre o hijo menor de 21 años que sea ciudadano estadounidense o residente permanente. La dificultad extrema regular (como problemas económicos o tristeza por la separación) no es suficiente; se requieren factores graves, como un hijo estadounidense con una enfermedad terminal o discapacidades severas que no podrían ser tratadas en el país de origen del extranjero.

Dado que este proceso es un juicio formal donde un fiscal del gobierno intentará deportar al extranjero, intentar defenderse sin un abogado de inmigración es prácticamente una garantía de fracaso. El abogado actuará como el defensor en el tribunal, encargándose de recopilar cientos de pruebas médicas y psicológicas, preparar a los testigos expertos y familiares para el interrogatorio, y construir un argumento legal persuasivo. El trabajo del abogado es vital para convencer al juez de inmigración de que los hechos del caso alcanzan el exigente estándar legal de sufrimiento inusual establecido por los precedentes de las cortes de apelación.

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